FAQ

Al adquirir una propiedad en México, es esencial reunir y verificar una serie de documentos para garantizar una transacción legal y segura. A continuación, se detallan los documentos más relevantes que debes considerar: 1. Documentación Personal: Identificación Oficial Vigente: INE o pasaporte. Acta de Nacimiento: Certifica tu identidad y es requerida para la escrituración. CURP (Clave Única de Registro de Población): Clave alfanumérica que te identifica en registros oficiales. Comprobante de Domicilio Reciente: Recibo de servicios como agua, luz o teléfono, con antigüedad no mayor a tres meses. RFC (Registro Federal de Contribuyentes): Necesario para cumplir con obligaciones fiscales, especialmente si utilizarás un crédito hipotecario. 2. Documentación Financiera (en caso de solicitar crédito hipotecario): Comprobantes de Ingresos: Recibos de nómina, estados de cuenta bancarios o declaraciones fiscales que demuestren tu capacidad de pago. Historial Crediticio: Un buen historial es crucial para obtener un crédito hipotecario. Carta de Autorización de Crédito: Emitida por la institución financiera si planeas utilizar un crédito hipotecario. 3. Documentación del Inmueble: Escritura Pública del Inmueble: Documento que acredita la propiedad legal del inmueble. Avalúo Vigente de la Propiedad: Determina el valor comercial del inmueble; es necesario si utilizarás un crédito hipotecario. Comprobantes de Pago de Impuestos y Servicios: Recibos recientes del impuesto predial y servicios como agua y luz, asegurando que no existan adeudos. Constancia de No Adeudo de Mantenimiento: Si la propiedad está en condominio, verifica que no haya deudas pendientes con la administración. 4. Contrato de Compraventa: Contrato de Compraventa: Documento que establece las condiciones de la compra, incluyendo precio, forma de pago y plazos. Es recomendable que sea revisado por un abogado especializado antes de firmarlo. Es aconsejable contar con la asesoría de un notario público o un abogado especializado en bienes raíces para revisar y validar toda la documentación, asegurando así una adquisición segura y sin contratiempos.

Una póliza jurídica de arrendamiento es un contrato legal que brinda protección tanto al propietario como al inquilino en caso de conflictos legales relacionados con el arrendamiento de un inmueble. Este tipo de póliza establece los términos y condiciones del contrato de arrendamiento, así como las responsabilidades y obligaciones de ambas partes. Beneficios de una póliza jurídica de arrendamiento: Investigación y validación del inquilino y fiador: Antes de iniciar el arrendamiento, se realiza un proceso de investigación del inquilino que incluye verificación de identidad, revisión contra listas negras, revisión de buró legal y análisis de solvencia económica y moral. En el caso del fiador, se añade la investigación del inmueble en garantía en el Registro Público de la Propiedad y el análisis de su solvencia moral. Elaboración del contrato de arrendamiento: Se incluye la redacción y revisión detallada del contrato, incorporando cláusulas personalizadas de acuerdo a las necesidades específicas de las partes involucradas. La firma del contrato puede realizarse de manera digital, cumpliendo con los estándares de la NOM 151 y utilizando tecnología blockchain, o de forma presencial en la inmobiliaria, en el inmueble arrendado o en las instalaciones de la empresa que ofrece la póliza. Representación legal: La póliza ofrece asesoría legal inmobiliaria antes, durante y al término del arrendamiento. En caso de un conflicto causado por el incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato de arrendamiento, se incluye la negociación y/o cobranza hacia el inquilino, así como honorarios de abogados y gastos de juicio. Contar con una póliza jurídica de arrendamiento proporciona tranquilidad y seguridad a ambas partes, asegurando que el proceso de arrendamiento se realice de manera segura y confiable. Además, ofrece protección legal en caso de incumplimientos o disputas que puedan surgir durante la vigencia del contrato.

Al momento de rentar una propiedad en México, es fundamental contar con la documentación adecuada para asegurar una transacción transparente y proteger los intereses de ambas partes. A continuación, se detallan los documentos más comúnmente solicitados: 1. Identificación Oficial: Credencial para Votar (INE) o pasaporte vigente. En caso de ser extranjero, visa o documento migratorio que acredite estancia legal en el país. 2. Comprobantes de Ingresos: Recibos de nómina de los últimos tres meses. Estados de cuenta bancarios recientes. Declaraciones de impuestos si eres trabajador independiente. 3. Referencias Personales o Laborales: Cartas de recomendación de empleadores anteriores o actuales. Referencias de arrendadores previos, si es aplicable. 4. Aval o Fiador: Algunos propietarios pueden requerir un aval que presente: Identificación oficial vigente. Comprobantes de ingresos. Escrituras de una propiedad a su nombre o predial pagado. 5. Comprobante de Domicilio Actual: Recibo de servicios (agua, luz, teléfono) con antigüedad no mayor a tres meses. 6. Historial Crediticio: Algunos arrendadores pueden solicitar una consulta al buró de crédito para evaluar tu solvencia económica. 7. Depósito de Seguridad y Renta Anticipada: Generalmente, se solicita el pago de un depósito equivalente a uno o dos meses de renta, además del primer mes por adelantado. Es recomendable preparar copias de toda esta documentación y estar dispuesto a proporcionarla al propietario o inmobiliaria para facilitar el proceso de arrendamiento. Recuerda que los requisitos pueden variar según el arrendador, por lo que es aconsejable confirmar con anticipación qué documentos específicos se requieren.

Un avalúo fiscal es una valoración oficial realizada por la autoridad competente para determinar el valor de un inmueble con fines tributarios. Este tipo de avalúo es esencial para calcular impuestos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI). A diferencia del avalúo comercial, que se basa en el valor de mercado para establecer un precio de venta, el avalúo fiscal se enfoca en criterios tributarios y normativas específicas para establecer la base gravable de las contribuciones que el propietario debe pagar. Los avalúos fiscales se pueden clasificar en tres categorías principales: Avalúos para deducción fiscal por mejoras (ISR): Se utilizan para calcular las deducciones fiscales derivadas de inversiones en mejoras o ampliaciones de un inmueble. Avalúo por adquisición de bienes inmuebles: Se emplean para determinar el valor fiscal de una propiedad en procesos de compraventa, adjudicaciones o cambios de titularidad. Avalúo catastral: Se realizan para establecer el valor catastral de un inmueble, el cual sirve como base para el cálculo de impuestos territoriales. Es importante destacar que los avalúos fiscales tienen una vigencia de un año a partir de la fecha de su emisión, según el Artículo 3 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. En resumen, el avalúo fiscal es una herramienta fundamental para la administración tributaria, ya que permite determinar de manera objetiva y equitativa las obligaciones fiscales relacionadas con la propiedad inmobiliaria.

Para exentar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al vender tu propiedad en México, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la legislación fiscal: Uso como Casa Habitación: La propiedad debe haber sido tu residencia principal. Límite de Valor: El valor de la venta no debe exceder las 700,000 Unidades de Inversión (UDIs), lo que equivale aproximadamente a $4,200,000 MXN. Frecuencia de Exención: No haber aplicado esta exención en los últimos tres años. Documentación Comprobatoria: Debes presentar documentos que acrediten que la propiedad fue tu casa habitación, como: Credencial para votar (INE) con la dirección del inmueble. Comprobantes fiscales (CFDI) de pagos por servicios como electricidad o telefonía fija a tu nombre. Estados de cuenta bancarios o de tarjetas de crédito departamentales que indiquen la dirección del inmueble. Estos documentos deben estar a nombre del contribuyente, su cónyuge o sus ascendientes o descendientes en línea directa. Es recomendable que, antes de proceder con la venta, consultes con un notario público para asegurarte de cumplir con todos los requisitos y realizar los trámites necesarios para la exención del ISR. El notario te guiará en el proceso y verificará que toda la documentación esté en orden. Recuerda que, aunque estés exento del pago del ISR, es importante declarar esta operación en tu declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para vender una propiedad en México, es esencial reunir y presentar la siguiente documentación: Escritura Pública Original: Documento que acredita la propiedad del inmueble, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Identificación Oficial Vigente: INE, pasaporte u otra identificación oficial con fotografía. Acta de Nacimiento y, en su caso, Acta de Matrimonio: Si el vendedor está casado bajo régimen de sociedad conyugal, el cónyuge también debe proporcionar esta documentación. Constancia de Situación Fiscal (RFC): Documento emitido por el SAT que incluye el RFC completo. CURP: Clave Única de Registro de Población del vendedor. Boletas de Pago de Predial y Agua: Comprobantes al corriente en sus pagos. Recibos de Luz o Teléfono: Comprobantes del último año, en caso de que se requiera para la exención de impuestos; de lo contrario con el ultimo recibo de pago. Carta de No Adeudo de Mantenimiento: Si el inmueble forma parte de un condominio, se requiere una constancia expedida por la administración que certifique la inexistencia de adeudos en cuotas de mantenimiento y fondos de reserva. Croquis de Localización: Para facilitar la ubicación del inmueble. Plano de la propiedad. Normalmente lo solicitan para el avalúo comercial, en caso de no contar con el, se manda realizar con el mismo perito valuador. Carta de Cancelación de Hipoteca: Si la propiedad tiene una hipoteca vigente, se debe obtener una carta de cancelación condicionada al pago, expedida por la institución financiera correspondiente. Certificado de Libertad de Gravamen: Documento que acredita que la propiedad está libre de deudas o gravámenes. Factura electrónica de la propiedad: Si fue comprada con una constructora, está la emite. Si fue comprada a terceros como casa usada, la emite el notario en un "Complemento Fiscal" donde debe venir el precio de operación de la compraventa de la propiedad. Avalúo fiscal es una valoración oficial realizada por la autoridad competente para determinar el valor de un inmueble con fines tributarios; actualmente ya es requisito obligatorio para la venta de una propiedad. Es recomendable verificar con la notaría seleccionada si se requiere documentación adicional, ya que los requisitos pueden variar según la entidad federativa y las características específicas de la propiedad.

A partir del 1 de enero de 2025, el Estado de San Luis Potosí implementó el Impuesto Cedular sobre la Enajenación de Inmuebles, que grava los ingresos obtenidos por personas físicas provenientes de la venta de bienes inmuebles ubicados en el estado. Características principales del impuesto: Sujetos Obligados: Personas físicas que vendan inmuebles en San Luis Potosí. Base Gravable: La ganancia obtenida de la venta, calculada como la diferencia entre el precio de venta y el costo comprobado de adquisición ajustado por inflación, incluyendo deducciones permitidas como mejoras y gastos notariales. Tasa Impositiva: 3% sobre la base gravable. Exenciones: Transacciones cuyo valor sea inferior a 6,447 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Adultos mayores que vendan su única propiedad y no hayan aplicado esta exención en los últimos tres años. Los notarios públicos y otros fedatarios están encargados de calcular, retener y enterar este impuesto al momento de la firma de la escritura de compraventa, debiendo realizar el pago a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 17 días del mes siguiente a la operación. Este impuesto busca diversificar las fuentes de ingresos estatales y promover la equidad fiscal, enfocándose en transacciones de mayor valor y estableciendo exenciones para proteger a sectores vulnerables.

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